El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo Aurelio San Emeterio ha contestado a las declaraciones realizadas por el PP sobre que la instalación de CASBEGA en el llamado Barrio Avanzado del Polígono sería más barata: “que se dejen de cuentos y digan que no quieren urbanizar el nuevo Polígono industrial (PP11) y que por el contrario quieren dar a la coca cola el poco suelo público que queda, en vez de construir viviendas públicas. Lo que tendrían que hacer es aclararse y dejar las incoherencias, porque no tiene sentido que aprueben un POM que ahora quieren cargarse poniendo industrias en suelo residencial”.

Para Izquierda Unida, esta opción no sólo es descabellada, sino cara porque además del coste de adaptar la urbanización residencial al uso industrial, supone perder suelo residencial renunciado a los ingresos y a mantener una política de vivienda asequible por parte de las administraciones públicas.

Desde Izquierda Unida, rechazamos la obsesión del PP en dejar toda la promoción y construcción de vivienda en manos de promotores privados dando pie a la especulación y olvidando el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna.

La cicatería del PP con la ampliación del Polígono Industrial contrasta con el regalo de 7.000.000 de euros a la Inmobiliaria Vistahermosa por parte de la empresa de la Junta GICAMAN, que prevé una partida por ese importe para comprar 72 viviendas en Toledo, en La Legua, de 70m2 y con un precio de 165.327,56 € absolutamente fuera de lugar y de mercado en estos momentos. Llevan un año en el gobierno quejándose de que no hay dinero, dejando de pagar y desmantelando los servicios públicos y de repente aparecen 7.000.000 € para tapar los agujeros de un promotor inmobiliario: alguien tendrá que explicar por qué le vamos a regalar 7 millones a la Inmobiliaria Vistahermosa mientras se abandona al ampliación del Polígono Industrial, el remonte y se recorta en educación, sanidad y servicios sociales.

Izquierda Unida cree que todo esto se añade a la política de acoso del Gobierno central del PP hacia las empresas públicas de vivienda y a la intención del PP de modificar la Ley de Bases de Régimen Local suprimiendo las competencias de vivienda que desarrollan los Ayuntamientos y así dejar fuera a lo público en beneficio de lo privado. Esto es un paso más en la destrucción de los servicios públicos comunitarios”.

En Izquierda Unida dudamos mucho que un promotor privado sea capaz de ofrecer viviendas de alquiler a menos de 200 euros tal y como hizo la EMV en Sta. Bárbara la pasada legislatura.

Es importante recordar el mandato constitucional de facilitar a los ciudadanos acceso a una vivienda digna y adecuada y para ello la administración tiene que tener implicación de los municipios, por la proximidad, cercanía y ser buena conocedora de las circunstancias y necesidades de cada uno de los ciudadanos.